EE. UU. ordena retirar DeepSeek de las agencias federales civiles y veta también el software de terceros basado en sus modelos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) hizo pública una orden que obliga a las agencias federales civiles a retirar de sus sistemas informáticos los productos de DeepSeek, la empresa china de inteligencia artificial, y les prohíbe adquirirlos en adelante. El aviso, del expediente DHS-2026-0628, se publicó en el Federal Register tras quedar en inspección pública el lunes, y adjunta como anexo la orden de exclusión y retirada número 2026-01, firmada por el secretario Markwayne Mullin. Su fecha original de emisión es el 24 de julio de 2026, de modo que la medida llevaba casi tres meses en vigor sin que se conociera su texto.

La orden se apoya en la Federal Acquisition Supply Chain Security Act de 2018 (FASCSA). Esa ley creó el Consejo Federal de Seguridad de Adquisiciones (FASC), que recomienda excluir o retirar productos considerados un riesgo para la cadena de suministro del Estado, y facultó al secretario de Seguridad Nacional para dictar esas órdenes sobre los sistemas civiles. Quedan fuera los sistemas de seguridad nacional y los de información compartimentada, que dependen del Departamento de Defensa y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. El aviso señala que la decisión se tomó tras revisar una recomendación del FASC y la evidencia asociada, aunque esa recomendación no se publicó.

El alcance tiene dos partes. La primera excluye de las compras civiles, con efecto inmediato, a Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence y a sus entidades afiliadas, lo que incluye listas de productos aprobados, catálogos de proveedores y mercados de comercio electrónico usados por las agencias. La segunda ordena retirar los productos de DeepSeek y, de forma explícita, los productos y servicios de terceros desarrollados con implementaciones de DeepSeek. Esa cláusula es la de mayor calado técnico. DeepSeek publica los pesos de muchos de sus modelos, que cualquier proveedor puede integrar en su propio software sin relación contractual con la empresa. En nuestro análisis, la orden obliga así a las agencias a inventariar qué herramientas usan esos modelos por debajo, una tarea que el documento no detalla cómo ejecutar.

Para justificar la medida, el texto afirma que los modelos de DeepSeek presentan múltiples vectores de amenaza. Menciona que sus servidores están en China, cuyo sistema legal permite al Gobierno un acceso amplio a la infraestructura de empresas privadas. Añade que, en las instancias alojadas por DeepSeek, el registro de cuentas recoge datos personales y puede rastrear y tomar huellas digitales de los usuarios, y que el esquema de pregunta y respuesta puede enviar datos sensibles a China si lo usan empleados o contratistas federales. Según el DHS, esa información, sola o combinada con datos públicos, podría producir inteligencia útil sobre personas o programas de Estados Unidos. La orden también advierte que los modelos podrían contener malware u otras vulnerabilidades, y para ello cita la investigación de NowSecure de febrero de 2025 que halló varias fallas críticas en la aplicación de DeepSeek para iOS. Como observación propia, varios de esos argumentos se refieren al servicio alojado por la empresa y no a los pesos ejecutados en infraestructura propia, una distinción que el texto no hace.

Las agencias pueden pedir excepciones por escrito, dentro de los 60 días siguientes a la emisión de la orden, con una justificación de peso, como el impacto sobre funciones críticas de su misión o consideraciones de seguridad nacional, y con las mitigaciones alternativas que propongan. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) revisa esas solicitudes y puede dar asistencia técnica a las agencias que no tengan capacidad propia para cumplir. Mientras se completa la retirada, el DHS recomienda vigilar el tráfico, reforzar los registros y los controles contra la exfiltración y marcar la actividad anómala. El secretario debe revisar la orden en el plazo de un año y después cada año.

Contado desde el 24 de julio, el plazo de 60 días para pedir excepciones venció a finales de septiembre, antes de que la orden se conociera. Para los proveedores de software que venden al Gobierno federal, la consecuencia práctica es revisar sus dependencias de modelos abiertos, porque el veto no se limita a la aplicación o la API de DeepSeek y alcanza a cualquier producto construido sobre sus modelos.