El tribunal electoral de Brasil da 24 horas a Meta para demostrar que trata por igual a ambas campañas en recomendaciones, anuncios e IA

El ministro Marco Aurélio Bellizze, del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, dio a Meta 24 horas para acreditar que cumplió por completo una serie de órdenes destinadas a garantizar un trato igual a las dos candidaturas presidenciales que disputan el segundo turno del 25 de octubre. Si la empresa no lo demuestra en ese plazo, la multa diaria de 500.000 reales que ya corre por incumplimiento subirá a un millón de reales hasta el cierre de la elección. La decisión concluye que Meta no cumplió a tiempo buena parte de lo ordenado y que fijó por su cuenta plazos distintos a los del tribunal, algo que el texto equipara a un incumplimiento.

El caso es una representación de la coalición Brasil Pronto pra Mais, que respalda la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra Facebook Serviços Online do Brasil, la filial local de Meta. La coalición sostiene que la plataforma restringió de forma selectiva la distribución de contenidos de su campo político y que incumplió obligaciones que la ley electoral impone a los proveedores de internet. El 15 de octubre, Bellizze concedió parcialmente una medida cautelar con diecisiete obligaciones, aplicables por igual a ambas candidaturas, y el pleno del tribunal la confirmó por unanimidad al día siguiente. El ministro negó entonces retirar los perfiles señalados como inauténticos y restituir el alcance que la coalición reclamaba.

La disputa es, en buena medida, técnica. La decisión deja claro que no se juzga la propaganda de las campañas, sino cómo la plataforma trata y distribuye esos contenidos. Abarca la exclusión de los perfiles oficiales de los sistemas de recomendación, la restricción de la cuenta de anuncios y del impulso pagado de la campaña de Lula, una presunta red de perfiles inauténticos, el etiquetado de contenido sintético, el funcionamiento de la herramienta Meta AI y la circulación de anuncios electorales no contratados por candidatos, partidos, federaciones o coaliciones. La coalición afirma que una restricción del 9 y 10 de octubre afectó al impulso de publicaciones durante casi un día y que no se explica por una falla global.

Meta, por su parte, sostuvo ante el tribunal que no interfiere en las elecciones y que la paridad exigida es de trato y no de resultado. Alegó que la revisión humana previa de anuncios alteraría de forma abrupta su operación y podría retrasar las aprobaciones de todas las campañas. También dijo que cumplir en el plazo fijado la obligación sobre anuncios no contratados por actores legitimados le exigiría suspender todos los anuncios sobre temas sociales, electorales o políticos. Como alternativa, propuso admitir en esa categoría, en no menos de 72 horas, solo anuncios de cuentas vinculadas a candidaturas registradas, y pidió cinco días para entregar parte de la información. En un comunicado recogido por Agência Brasil, la empresa dijo que prohibió temporalmente la recomendación de candidatos y la generación de imágenes de ellos, incluso con comandos que usen solo el nombre de pila o el número electoral.

Bellizze rechazó esos argumentos. Sobre la revisión humana, recordó que la orden solo alcanza a las cuentas de anuncios de las dos candidaturas y que admite la restricción automatizada si se revisa en dos horas. Sobre los anuncios, señaló que Meta ya clasifica los anuncios políticos y verifica la identidad de quien paga, y aceptó la lista de permisos siempre que incluya a partidos, federaciones y coaliciones. También observó que la empresa no respondió sobre el etiquetado de 1.204 publicaciones señaladas como contenido sintético y exigió que el informe de moderación entregado, con términos en lengua extranjera, se rehaga en portugués, con una explicación que permita verificarlo y distinguiendo las medidas tomadas por orden judicial de las adoptadas por iniciativa propia. Admitió además a Flávio Bolsonaro como tercero interesado, con participación limitada al objeto del caso.

En nuestro análisis, el expediente muestra el choque entre los tiempos de una elección y los de una plataforma global: la empresa describe cambios de sistema que afectan a todos los anunciantes, mientras el tribunal exige resultados verificables en horas y en un formato auditable. Vencido el plazo, la coalición y Flávio Bolsonaro tendrán 24 horas para pronunciarse, y luego la Procuraduría General Electoral otras 24.